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Por ABP Colombia.
Terrorismo de Estado en Colombia:
EL PRESIDENTE
DEBE RENUNCIAR.
Hoy por hoy, existe en Colombia una acción de represión, terror y muerte de parte del Estado que combina procedimientos legales e ilegales dentro de marcos de absoluta ilegitimidad en la que ha avanzado el posicionamiento a sangre y fuego, mediante la fuerza y la corrupción, de una caterva narcotraficante y criminal, de extrema derecha, expertos en travestir y lavar su imagen tanto como son especialistas en lavar las sucias finanzas de la mafia en la que han metido hasta sus tuétanos los más creídos y rancios aristócratas, “sangre azul” y comehostias, que incluye viejos y nuevos gamonales, latifundistas y dirigentes de los antiguos partidos liberal y conservador, quienes no en pocos casos aparecen maquillados y “reencauchados” en agrupaciones de denominación diversa.
La dirigencia bipartidista ha sido responsable del avance y posicionamiento de los sectores más extremistas en la conducción de las instancias de poder. Y esto ha procedido por acción y por omisión, mediante actitudes canallescas de complacencia y de silencio cómplice…; o en el mejor de los casos -pero después de ser permisivos y propulsores de las prácticas mafiosas en el seno de la política-, mediante muecas de cobardía o de desteñida expresión opositora nacidas del temor mismo a la orgía de sangre que desataron, o surgidas también de la mutua cadena de retaliaciones en que se han derivado en gran medida las relaciones criminales entre los políticos tradicionales.
No obstante, casi todos –el conjunto de los aristócratas de cuna, las pandillas cocaineras de vieja y nueva generación enquistadas en la “alta sociedad”, narcos, paracos y asesinos…; esa mezcolanza que hoy constituye tal mafia en el poder-, en común han guardado veneración al imperio del norte y a su estrategia contrainsurgente diseñada desde Washington para facilitarse el despliegue colonialista en Nuestra América. Todos, todos, son enemigos y hacen causa común contra la insurgencia y los revolucionarios que durante décadas se enfrentan al Estado criminal.
Pero ocurre que eso que se inició como estrategia contrainsurgente y anti-popular, hoy se ha revertido contra un amplio sector de sus gestores en la derecha, ocasionando contradicciones que se comienzan a evidenciar en el seno del Estado y por encima de él, entre los diversos componentes de la clase opreso en Colombia.
Como expresión política de poder que representa y se impone en beneficio de unos intereses de clase específicos, que en nuestro país definitivamente no son los de las mayorías empobrecidas, el Estado es el arma del terror de la oligarquía, independientemente que ahora el imperio y los cacaos mayores, les toque optar por sacrificar a unos cuantos o a unos muchos de sus lacayos. No es fulano o zutano congresista, mengano o perencejo alto mando militar…; no son ovejas descarriadas digamos, quienes ejecutan el paramilitarismo o las acciones de guerra sucia en “concierto” para delinquir.
No nos podemos quedar en las ramas. Esta olla podrida tiene responsables de toda laya, pero son principales responsable de los innúmeros crímenes del terrorismo contra el pueblo, esos que como herederos del santanderismo se adueñaron del poder y diseñaron la máquina Estatal militarista que hoy por hoy ha fortalecido un descomunal aparato armado, de guerra a muerte, institucional y para-institucional, contra los empobrecidos hijos de Bolívar.
Sus conductores regentes de los intereses neocoloniales del imperialismo, y en especial este gobierno gansteril que
sólo en apariencia somete a sus sicarios, de verdad que ninguna confianza nos dan con sus anuncios de la persecución a los cabecillas paramilitares o de su “desmovilización” como producto de la política de “Seguridad Democrática”, de la que también tienen el descaro de decir que por su gracia están produciéndose, de estos asesinos, las confesiones que “han de ayudar a sanar las heridas”.
No nos engañemos, es falso que fuerza especial alguna, o la fiscalía estén en ofensiva contra las AUC. Es falso que vayan tras de acabar con el poder del paramilitarismo, pues todos sabemos que ese poder es el mismo poder criminal del Estado que se cobija en la ilegalidad como en la legalidad que acomodaron para garantizar la impunidad en la “ley de justicia y paz” los legisladores del tipo de los del pacto del Paramillo, o del tipo de los del Pacto de Casanare, o del tipo de los que ahora están siendo encarcelados por disposición de la Corte Suprema de Justicia, como es el caso del hermano de la canciller que acaba de caer porque hasta su padre está metido en el conciliábulo paramilitar. Y no nos engañemos, digamos, hasta que veamos que se levantan voces y acciones es contra el terrorismo de Estado y comienzan a caer todos sus más altos responsables, entre los que ahora y desde hace rato está profundamente comprometido el Presidente Álvaro Uribe Vélez.
Sin más rodeos hay que pedir la renuncia del Presidente y su procesamiento por fratricida matador de inocentes; sin más rodeos hay que exigirle a las Cortes que procuren y revele los nombres de ese 30 % -que con seguridad es más-, de los parlamentarios que según los paramilitares hacen parte de sus toldas; sin más rodeos hay que señalar a la cúpula militar involucrada en los crímenes de lesa patria…; sin más rodeos, quienes conducen las instancias judiciales, los que aún les reste pundonor entre tanta podredumbre de Estado, deben contribuir a hacer justicia, porque lo cierto es que sospechosamente todos están descubriendo tardíamente el agua tibia; ¡pero después de cuanta imperdonable impunidad!, ¡después de cuántas fosas comunes con millares de compatriotas descuartizados!, después de tanta inexcusable actitud pusilánimemente cómplice, respecto a estos crímenes de lesa humanidad trivializados por la gran prensa y hasta por la alta jerarquía católica, que ahora fingen escandalizarse y solidarizarse con los sufridos. Ellos también deben pagar por su abominable doblez.
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