Coordinadora Continental Bolivariana

CCB Mexico

El Centro de Documentación y Difusión Libertador Simón Bolívar acerca a ustedes este artículo sobre el embajador de Colombia en México. Luis Camilo Osorio está acusado en su país por vínculos con el paramilitarismo y tendrá que viajar a Bogotá para rendir declaraciones; además, si lo encuentran culpable, podría ser destituido.

Luis Camilo Osorio al banquillo de los acusados.

Regreso forzoso.

Artículo tomado de la Revista Cambio No. 718.

ESTA SEMANA, cuando abra la valija diplomática, Luis Camilo Osorio, embajador de Colombia en México, quedará notificado de que deberá rendir indagatoria en el primero de tres procesos judiciales relacionados con la posible injerencia de paramilitares durante su gestión como Fiscal General de la Nación. Se enterará, además, de que debe viajar a Bogotá para comparecer ante la Comisión de Acusación de la Cámara , porque el representante investigador, Germán Olano, autor de la decisión, se opuso a que la diligencia se cumpliera en Ciudad de México. Según Olano, independientemente del rango de Osorio, el tratamiento debe ser el mismo que da la ley a cualquier procesado.

El proceso será punta de lanza de la investigación parlamentaria ligada al fenómeno de la parapolítica y es consecuencia de una denuncia presentada hace cinco años por el congresista del Polo Gustavo Petro, quien fue acusado por Osorio de haber creado una nómina de informantes en la Fiscalía. La sindicación la hizo el entonces Fiscal General después de un debate en el que Petro presentó evidencia de que funcionarios de la Fiscalía en Norte de Santander estaban al servicio de los paramilitares y habrían influido en cambios realizados en la Unidad Nacional de Derechos Humanos.

Durante la indagatoria Osorio tendrá que defenderse de cargos por injuria y calumnia, pero ahí no paran las investigaciones. CAMBIO conoció que con su airada reacción de entonces y con las decisiones que tomó al calor de la controversia, Osorio, sin proponérselo, dio pie para que el abrieran otros dos expedientes que podrían comprometerlo en conductas más graves.

Según funcionarios de la época, el ánimo de retaliación llevó a Osorio a despedir a Richard Maok Riaño Botina, un investigador del CTI experto en rastrear sistemas y comunicaciones de la guerrilla, pues creía que era una de las fuentes de Petro y que con su salida comenzaría a romperse "la cuerda de los desleales". La decisión se le devolvió como un bumerán, pues Riaño Botina, que entonces no conocía a Petro, decidió buscarlo para entregarle información que de ser verificada como cierta, no dejará dudas sobre la infiltración paramilitar durante la gestión de Osorio.

Información valiosa

Cuando Riaño pidió a las autoridades protección en el exterior, dijo que lo hacía porque lo que le había dado a Petro era un verdadero "tesoro informativo". De él hacen parte grabaciones, mensajes electrónicos y comunicaciones decodificadas que podrían servir no sólo para esclarecer algunos crímenes, sino para reabrir procesos contra paramilitares, que fueron cerrados durante la administración de Osorio.

El caso que dio lugar a que el embajador Osorio fuera vinculado formalmente a un proceso que, de prosperar, podría conducir a una declaratoria de indignidad para el ejercicio del cargo, durmió el sueño de los justos durante casi un lustro en las carpetas donde están archivados los expedientes asignados por la Comisión de Acusación al representante Jorge Luis Feris Chadid -hermano del comandante 08, desmovilizado de las Auc- hoy investigado por la Corte Suprema por haber firmado el llamado Pacto de Ralito.

La apertura del proceso y el llamamiento de Osorio a indagatoria fue precedido por una serie de dificultades. En primer lugar, durante una visita de inspección, delegados de la Procuraduría descubrieron que el expediente estaba desmembrado y que algunas partes habían desaparecido. "Es cierto -asegura Olano-. Desapareció una grabación de video aportado por un medio de comunicación y fue necesario reconstruir algunos folios y reordenar la mayoría de ellos". En segundo lugar, las indagaciones habían quedado en el limbo por una decisión de Feris Chadid, que acumuló los tres procesos en uno solo, lo que impedía que la Comisión tuviera claridad a la hora de calificar las faltas y distinguir entre estas y posibles delitos.

La decisión de Olano implica que cada caso debe ser examinado en forma separada, pues aunque la Comisión cumple tareas judiciales, su función no es la de investigar delitos sino conductas que puedan comprometer la responsabilidad política del Presidente, los magistrados de las cortes y altos funcionarios, incluido el Fiscal. El juzgamiento de los delitos es competencia exclusiva de la Corte Suprema.

Si la investigación concluye que Osorio es responsable de los cargos que se le imputan, la plenaria de la Cámara , con base en un proyecto presentado por la Comisión , podría acusarlo ante el Senado y este declararlo indigno del ejercicio del cargo. Y si hay evidencia de que sus actuaciones como Fiscal pueden calificarse como delitos, la Corte Suprema es el tribunal competente para juzgarlo.

La opinión es escéptica frente a la neutralidad de la Comisión -11 uribistas, dos liberales y uno del Polo-, pues aun tiene fresco el proceso a Ernesto Samper por la financiación de la campaña con dineros del narcotráfico que lo liberó de responsabilidades y durante el cual fue evidente el juego de los intereses políticos.

No obstante, Olano asegura que velará para que cualquier decisión que tomen sea en derecho. "No podemos permitir que la composición política de la Comisión incida en la decisión, cualquiera que sea esta", dice, y agrega que propondrá hacer público el debate. La gran pregunta es si un Congreso cuestionado por la vinculación de algunos miembros con la parapolítica, será capaz de actuar como un juez imparcial.

LOS TESTIGOS

CAMBIO pudo establecer que por decisión del representante Germán Olano y solicitud de Julio Ospino Gutiérrez, procurador segundo delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal, podrán ser citados testigos que podrían resultar clave en los procesos que involucran al hoy Embajador en México.

RICHARD MAOK RIAÑO BOTINA, ex investigador del CTI, despedido por Osorio. En los círculos judiciales es recordado como el hombre que logró establecer dónde se originaban los mensajes de las Farc y otros grupos ilegales. Gracias a él, en 2003 fue posible establecer que Ana María Flórez, amiga de Osorio y entonces directora seccional de fiscalías en Norte de Santander, y su asistente Magali Moreno, estaban al servicio de una red controlada por un jefe paramilitar conocido como Iguana. Flórez y Moreno son prófugas de la Justicia. La información que aportó podría comprometer a por lo menos de 50 funcionarios.

PABLO ELÍAS GONZÁLEZ, ex vicefiscal general y ex director del CTI. González podría decirle a la Comisión si es cierto o no que Osorio, en su condición de Fiscal General, echó atrás decisiones clave en investigaciones por violación de derechos humanos, entre ellas una medida de aseguramiento que estaba lista contra el general (r) Rito Alejo del Río.

FRENO DE MANO

El 17 de abril de 2002, Gerardo Aguirre Ballesteros, desmovilizado jefe de las milicias de las Farc en Caquetá, se presentó ante el despacho de un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá para rendir declaración bajo juramento dentro del proceso por el asesinato del presidente de la Comisión de Paz de la Cámara , Diego Turbay Cote, su madre Inés Cote de Turbay, y otras cinco personas que los acompañaban a un acto político en la población de Puerto Rico, Caquetá, en diciembre de 2000.

Aguirre, que había ganado fama como testigo contra jefes de la organización de Tirofijo porque había entregado información clave para la captura de Sonia, extraditada a Estados Unidos, contó en la diligencia que días antes del múltiple crimen, se encontró con el jefe guerrillero Fabián Ramírez en la casa del médico que atendía el puesto de salud de Peñas Coloradas, en el Caguán, y que allí coincidió con Édgar Calderón, emisario del congresista Luis Fernando Almario.

Aguirre sostiene que oyó cuando Calderón le dijo al jefe guerrillero que la señora Cote de Turbay había llevado a los paramilitares al Caquetá, que les estaba buscando financiación entre comerciantes y ganaderos de Florencia, y que pensaba facilitares tierras para que montaran sus bases. Según el testigo, Calderón le dijo a Fabián: "Fernando (Almario) y yo estamos muy preocupados y venimos a decir qué medidas se pueden tomar: a esa vieja hay que matarla"...

Sin embargo, según el mismo Aguirre, después del asesinato de los Turbay, las Farc se dieron cuenta de que Almario era el que había buscado a los paramilitares y que el señalamiento contra los Turbay sólo había sido una estratagema para sacarlos para siempre del escenario político.

Fuentes consultadas por CAMBIO sostienen que una declaración tan grave debió enviarse a la Corte Suprema para que esta evaluara si había o no méritos para investigar a Almario y se preguntan por qué esto no ocurrió. La respuesta la podrían tener autoridades judiciales que disponen de información según la cual el secretario de la Comisión de Acusación, Reinaldo Duque, alfil del Almario, evitó que esto sucediera y a cambio ofreció frenar el curso de las denuncias que estaban en manos de la Comisión contra el entonces Fiscal General, Luis Camilo Osorio. Esto explicaría por qué los procesos contra Osorio llevaban dormidos cinco años.