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Embajador de día, paramilitar de noche.


Por Vladimir Hierro / Voz Bolivariana. No.18

Luis Camilo Osorio Isaza, actual embajador de Colombia en México, está involucrado en una de las páginas más negras de la historia de Colombia. Escrita con sangre, la de la narcoparapolí tica es la historia de la guerra impuesta por la oligarquía al pueblo colombiano valiéndose del crimen político y los recursos del narcotráfico.

El embajador Osorio -que puede ser muchas cosas excepto diplomático- es uno de los funcionarios de Álvaro Uribe que más tiembla cada vez que los altos jefes paramilitares hacen declaraciones ante los tribunales y los medios informativos.

Encubridor de paramilitares

El 15 de mayo pasado, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró, ante un fiscal de “Justicia y Paz” en Medellín, lo que es sabido por todo el mundo desde hace mucho: el paramilitarismo es una política del Estado colombiano. En su alocución, el criminal al servicio del Estado soltó varios nombres de funcionarios y militares de alto rango involucrados en terribles masacres contra la población civil indefensa.

Uno de esos personajes es el General retirado Rito Alejo del Río quien, siendo militar activo, participó en varias matanzas que permitieron el asentamiento del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Urabá. Alejo del Río es un criminal cobijado por el Estado colombiano, pero particularmente por el actual embajador de ese país en México.

Apenas quince meses después de haber asumido el cargo de Fiscal General de la Nación, Osorio desmanteló la Unidad de Derechos Humanos de la dependencia a su cargo. El motivo: las investigaciones sobre varios ataques paramilitares contra la población civil que apuntaban hacia Rito Alejo y otros altos mandos castrenses.

La táctica de Osorio para deshacerse de quienes llevaban el caso de los paragenerales fue sencilla: destituyó a cuanto fiscal insistió en llevar adelante dichas investigaciones. Después, remató acusando públicamente a los mismos fiscales de “falta de lealtad con la institución”.

Un día después de haber sido echados de la Fiscalía por Osorio, dos de los veinticuatro fiscales recibieron sendas cartas firmadas por las AUC; debajo de una esquela de condolencias dirigida a la familia, aparecía el nombre de los agraviados y la invitación para asistir a su propio funeral. No tardó en circular, de manera pública, una lista negra con los nombres de los demás fiscales expulsados por Osorio. Muchos de ellos están ahora en el exilio.

En noviembre de 2002, la organización de Derechos Humanos Human Rights Watch realizó una investigación de dos semanas sobre el desmantelamiento de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y la persecución sufrida por los fiscales que denunciaron al ejército colombiano como promotor y ejecutor de crímenes de lesa humanidad. Todas las evidencias apuntaron hacia Luis Camilo Osorio como cómplice, por encubrimiento, de los altos mandos militares implicados.

El paraembajador Osorio está acostumbrado a meter las manos a la cañería en auxilio de sus amigos; éste no es el primer escándalo en el que se ve envuelto por ser afecto a la compañía de criminales. A principios de año, se reveló en varios medios alternativos colombianos que Osorio fue el encargado -durante su gestión como embajador en Italia- de contactar a la mafia de aquel país para ajustar algunos detalles sobre la exportación y distribución de droga en toda Europa.

La paraembajada

No es gratuita la presencia de Luis Camilo Osorio en México. El establecimiento de centros de espionaje contra residentes y, particularmente, contra exiliados en varias embajadas colombianas del mundo, es una práctica común. Espiar y perseguir a hombres y mujeres que salen de Colombia para salvar la vida es, de por sí, una infamia que da cuenta de la gran paranoia sobre la que tiene que vivir un gobierno ilegítimo, además de atentar contra la soberanía del país que decidió brindar refugio al perseguido.

Pero el gobierno de Uribe Vélez va más lejos. Ahora quiere perseguir, en su propio país, a mexicanos solidarios con el pueblo colombiano. Esto queda claro cuando se leen las notas periodísticas fabricadas por organismos de inteligencia colombianos, y publicadas el 10 y 11 de mayo del presente año en el periódico El Universal.

Tampoco sería la primera vez que Uribe intenta eso. Hace poco tiempo, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, solicitaba al gobierno sueco que le concediera la extradición a Colombia de los miembros del colectivo Oproer (Rebelión), quienes, solidarios con las causas libertarias en el mundo, se pronunciaron abiertamente en favor de la insurgencia revolucionaria en Colombia y en contra de la dictadura de Uribe.

Amparándose en la coartada gringa de la “lucha contra el terrorismo” (bien podría decirnos el infame Posada Carriles qué lucha contra el terrorismo es esa), Santos reaparece. Ahora le exige al gobierno mexicano, a través de El Universal, que tome acciones represivas contra aquellos individuos y organizaciones mexicanas que osen decir la verdad: que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son una fuerza beligerante que se erige como opción de poder frente al actual Estado colombiano, narcotizado y paramilitarizado.

A cambio de la persecución de solidarios mexicanos, el gobierno de Uribe se ofrece a echarle una manita al de Calderón en su carrera rumbo a la militarizació n del país. No es casualidad que el gobierno mexicano esté haciendo tantas reuniones con el de Uribe para tratar temas como el de la “seguridad” y la extensión a Colombia del Plan Puebla Panamá.

Por su parte los gringos, desesperados ante el fracaso de su Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), buscarán la forma de conformar una Quinta Columna latinoamericana a toda costa.

Ahora, que el señor paraembajador puede decir, como lo hizo en una entrevista concedida al diario El Tiempo de Bogotá, que "Una infiltración paramilitar (a la Fiscalía) nunca ha existido, salvo en la cabeza calenturienta de algunos.”(25/ 11/2006). Seguramente Osorio se escudará con otra de sus pintorescas respuestas, con todo y que actualmente tenga abiertos procesos judiciales en Colombia que podrían inhabilitarlo por indignidad para ejercer el cargo.

Pues parece que las “cabezas calenturientas” atinaron. Osorio y su gobierno tienen el agua o, más precisamente, la sangre inocente que hicieron derramar, hasta el cuello. Un personaje de su calaña es la fiel imagen del gobierno que padece Colombia en la actualidad; pero los mexicanos tenemos el derecho a exigir la renuncia de Osorio por ser cómplice de los asesinos del pueblo colombiano.

     

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